México continúa enfrentando un problema persistente y costoso en su sector eléctrico: el robo de energía. Durante 2024, este ilícito representó aproximadamente el 5% del consumo neto nacional de electricidad. Desde hace más de un siglo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sufrido pérdidas significativas que, en valor, superan la energía generada por fuentes nucleares y se aproximan a la producción solar fotovoltaica del país.
El gobierno mexicano ha implementado diversas estrategias para contrarrestar este fenómeno, que incluye conexiones ilegales conocidas como “diablitos” y alteraciones en medidores, llamadas “changuitos”. A pesar de los esfuerzos, expertos como Oscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideran que las acciones actuales y la inversión dedicada no son suficientes para lograr una reducción sustancial en el corto y mediano plazo. La implementación de tecnologías avanzadas, como redes inteligentes y medidores modernos, requeriría una inversión considerable que la CFE, con recursos limitados, no ha podido concretar completamente.
Las pérdidas totales del sistema eléctrico en 2024 alcanzaron un 12.33% del consumo, incluyendo tanto pérdidas técnicas como el robo. Este incremento representa un retroceso en la tendencia a la baja observada en años anteriores. Estas pérdidas impactan directamente en las tarifas eléctricas, trasladando el costo a los consumidores residenciales y comerciales, agravando el equilibrio financiero del sector. Además, las conexiones ilegales no solo generan pérdidas económicas sino riesgos de seguridad, como incendios y daños en infraestructura crítica, afectando hogares, comercios y centros hospitalarios.
El gobierno proyecta que para el final del sexenio estas pérdidas disminuyan a niveles internacionales, con el robo reduciéndose al 2.1% del consumo eléctrico. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado el monto exacto que CFE destinará para combatir específicamente este problema ni cómo se distribuirán sus inversiones en infraestructura y modernización para reducir el fenómeno. Mientras tanto, el desafío de acabar con estas prácticas ilegales continúa siendo un reto económico y social de gran impacto para México.
