Recientemente fue desarticulada una red dedicada al huachicol, el robo y comercio ilegal de combustible, que incluyó la captura del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado a esta actividad ilícita y familiar de un exsecretario de Marina. Este hecho ha puesto nuevamente en el foco público el tema del huachicol fiscal, un delito regulado por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
En 2025, autoridades estadounidenses señalaron que cárteles mexicanos trasladaban combustible robado hacia Estados Unidos para su venta, lo que derivó en un llamado a México para combatir con mayor eficacia este delito. El gobierno mexicano ha reforzado investigaciones para desmantelar estas redes criminales que operan en ambos lados de la frontera.
El huachicol fiscal consiste en la importación y venta ilegal de hidrocarburos mediante la evasión de impuestos, implicando la transferencia ilícita de crudo mexicano hacia Estados Unidos, su refinación y el retorno del combustible al país con documentación falsa y a través de empresas fachada. Este combustible termina distribuyéndose en gasolineras mexicanas bajo apariencia legal.
Su operación comprende el traslado clandestino del producto, el blanqueo de procedencia, la refinación en territorio estadounidense y la exportación encubierta de vuelta a México, seguido por la falsificación de documentos aduanales y la comercialización al público general. Esta modalidad provoca pérdidas fiscales significativas, incluyendo la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), afectando la recaudación y dificultando la elaboración de políticas energéticas fundamentadas en datos confiables.
La legislación mexicana establece fuertes sanciones para quienes cometan huachicol fiscal. La extracción y traslado ilegal de hidrocarburos puede acarrear penas de prisión de 20 a 30 años, además de multas equivalentes a entre 2.2 y 2.8 millones de pesos, con posibles aumentos en casos que involucren funcionarios públicos o miembros de la Marina. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República intervienen para procesar y sancionar a los responsables.
Esta problemática continúa siendo un reto para las autoridades mexicanas, dado el presunto involucramiento de servidores públicos en estas redes, lo que complica su desarticulación y agrava las pérdidas económicas para el país.
