La trigésima conferencia de las partes sobre cambio climático (COP30), realizada en Belém, Brasil, mostró una realidad contrastante para México y América Latina. Aunque la región llegó con altas expectativas y una narrativa centrada en justicia climática y transición justa, la diferencia entre las promesas políticas y la ejecución práctica quedó profundamente expuesta al término de las negociaciones. Brasil intentó liderar con propuestas concretas como la Open Coalition on Compliance Carbon Markets, cuyo objetivo es armonizar estándares y fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación en los mercados de carbono. México, como uno de los fundadores de esta iniciativa junto a otros diez países, dio un paso esperanzador, pero aún es una tarea en desarrollo.
En cuanto a compromisos nacionales, México presentó su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), con metas de reducción de emisiones de entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ para 2035. Esta meta representa un avance técnico importante que podría incentivar la inversión. Sin embargo, persisten dudas por la incertidumbre en la política energética nacional y un déficit en créditos de carbono. Estudios recientes revelan que los proyectos en marcha apenas alcanzarían 1.5 millones de toneladas equivalentes, insuficiente para la demanda interna y muy limitada para exportar. Además, la concentración en proyectos forestales incrementa riesgos de volatilidad y falta de diversificación.
A nivel regional, aunque Latinoamérica se posiciona como potencial líder climático, aún enfrenta desafíos significativos. Las iniciativas siguen siendo graduales y fragmentadas, y temas como la transición justa, resiliencia y empleos verdes requieren pasar de discurso a programas nacionales con capacidad para transformar modelos productivos.
Para avanzar, es indispensable contar con sistemas robustos como un mercado de emisiones operativo con reglas claras, impulsar proyectos con alta integridad más allá de lo forestal —incluyendo energías renovables y tecnologías emergentes—, financiar esquemas mixtos que combinen recursos públicos y privados, y fomentar una visión industrial que promueva cadenas de suministro limpias y reconversión laboral. La COP30 reforzó que la justicia climática y el desarrollo de talento especializado deben estar en el centro de la agenda, pues sin innovación y una estructura económica articulada, la descarbonización quedará solo en promesas.
México y América Latina tienen una ventana histórica para transformar su riqueza natural en desarrollo sostenible, pero el tiempo para actuar se agota.
