Las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca han denunciado que la Fiscalía General de la República (FGR) les ha negado el acceso a la carpeta de investigación relacionada con el accidente que ocurrió a finales de 2025 y que dejó 14 personas fallecidas. Ante la falta de información oficial, las víctimas solicitaron formalmente avances en las pesquisas, pero no han recibido respuesta hasta la fecha. Por este motivo, el 27 de enero promovieron una audiencia de control por omisión conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para reiterar su solicitud de acceso a los documentos.
Además, señalaron desconocer oficialmente detalles sobre la audiencia inicial, porque no han sido notificados, por lo que pidieron información oficial al Centro de Justicia Penal Federal. Paralelamente, las víctimas piden que se investigue y sancione a los funcionarios responsables de la supervisión de las obras del Tren Interoceánico, mientras que la FGR ha responsabilizado a los operadores del convoy por viajar a exceso de velocidad en el momento del accidente.
En relación con las acciones legales, la Fiscalía detuvo al jefe de despachadores del Tren Interoceánico, Ricardo Mendoza Cerón, en Coatzacoalcos, Veracruz. Está acusado por homicidio culposo y lesiones culposas, siendo el segundo detenido por este caso. Asimismo, el operador ferroviario Felipe de Jesús Díaz Gómez fue aprehendido en Palenque, Chiapas, por cargos similares. Por ahora, continúan buscando a Emilio Erasmo Canteros Méndez, el maquinista del tren, quien no contaba con licencia federal vigente y quien presuntamente excedió el límite de velocidad permitido.
La fiscal general Ernestina Godoy informó que el tren viajaba a 65 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima autorizada era de 50 km/h, llegando incluso a alcanzar velocidades de hasta 111 km/h en zonas rectas, superando el límite de 70 km/h. Tras realizar un dictamen, aseguró que no se encontraron fallas en la estructura o componentes del tren, ni anomalías en su operación. Esto indica, según la fiscal, que el funcionamiento y mantenimiento del tren cumplían con las normativas vigentes y que los frenos estaban operativos y fueron accionados en algunos momentos antes del accidente.
