La política de seguridad nacional en México ha evolucionado en estrecha coordinación con Estados Unidos, superando en alcance la seguridad pública tradicional. Este vínculo refleja también presiones externas, dado que Estados Unidos enfrenta retos graves con presencia de organizaciones criminales en su territorio y una frontera permeable. La colaboración bilateral se torna indispensable frente a la compleja realidad del crimen organizado que opera en ambos países.
La situación ha llevado a que, para México, continuar con políticas unilaterales y sin consenso con sus principales socios comerciales resulte inviable. El gobierno mexicano debe reforzar sus órganos de seguridad nacional y blindarlos contra influencias políticas internas y clientelismo electoral, apostando, en cambio, por autoridades autónomas con capacidad operativa y mecanismos claros de rendición de cuentas.
El Ejército mexicano, con su preparación, es fundamental para diseñar y ejecutar estrategias que enfrenten la creciente violencia, la presencia armada criminal y las amenazas transnacionales. Sin embargo, enfrentan desafíos para evitar que el territorio se fragmente en escenarios violentos, con impactos negativos como bloqueos, ataques y violencia generalizada que no debe afectar a la población civil.
Finalmente, la credibilidad en las autoridades mexicanas está en un nivel crítico, similar a los peores momentos de la historia reciente del país. Se vislumbra la necesidad urgente de avanzar hacia esquemas binacionales de control migratorio y de bienes, dotados de autonomía real y operativa para enfrentar eficazmente a los grupos delictivos que ponen en riesgo la estabilidad regional y la seguridad de la sociedad.
