
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio obligatorio para el registro de bebés nacidos mediante gestación subrogada en la Ciudad de México, ante la ausencia de legislación específica sobre esta práctica. Se trata de un protocolo que incluye la firma de un acuerdo entre las partes involucradas y la orden al Registro Civil para expedir la acta de nacimiento de los recién nacidos.
La gestación subrogada, también conocida como sustituta, es un proceso en el cual una persona con capacidad para gestar lleva a término un embarazo en acuerdo con otras personas — los futuros padres o ascendientes con intención parental — utilizando óvulos propios o de terceros, de forma homóloga o heteróloga.
El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, y aprobado por la mayoría de ministros, señala que, cuando exista un contrato notarizado y no haya disputas entre las partes, el trámite debe realizarse mediante jurisdicción voluntaria, para que un juez supervise el acuerdo y ordene la expedición inmediata del acta de nacimiento. La Corte aclaró que la autoridad judicial no debe interferir en controversias ni litigios, sino centrarse en la verificación del contrato, la protección integral de la gestante, y la prevención de violencia de género o reproductiva.
El proyecto también enfatiza que los contratos deben garantizar los derechos humanos tanto antes como después del nacimiento, sin imponer obligaciones desproporcionadas a la persona gestante ni permitir cláusulas que condicionen la procreación a características específicas del bebé o que permitan a los padres decidir abandonar el acuerdo o al niño en caso de que no cumpla expectativas. Esta resolución busca ofrecer certeza jurídica ante la falta de una regulación en la Ciudad de México, donde actualmente la inscripción de estos bebés depende de amparos y procesos judiciales para legalizar la maternidad o paternidad.
Aunque hubo disenso entre algunos ministros que consideraron que el tema corresponde al Congreso local, el presidente de la SCJN destacó la urgencia de resolver esta situación ante la ausencia de legislación por parte de los legisladores locales.



































































































