El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha establecido multas de hasta un millón de pesos para abogados, contadores y gestores que no cumplan con la obligación de reportar sus actividades vulnerables, según lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Este requisito aplica especialmente para profesionales independientes o freelance que participan en operaciones susceptibles de ser usadas para lavado de dinero.
Entre las operaciones que obligan a registrarse y reportar ante el SAT se incluyen la compraventa de bienes inmuebles, administración de recursos y valores, manejo de cuentas bancarias, así como la constitución, escisión o fusión de sociedades mercantiles, entre otras. Cuando estas intervenciones se realicen en nombre y representación de un cliente, es indispensable presentar un aviso a la autoridad fiscal.
Los avisos deben entregarse a más tardar el día 17 del mes siguiente a la operación y deben incluir información tanto del prestador de servicios como del cliente, incluyendo detalles sobre la actividad o negocio. El SAT pone a disposición un sistema en línea —el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)— donde los profesionales deben registrarse y enviar estos informes.
Además del registro, los contribuyentes deben designar un representante encargado de asegurar el cumplimiento de estas obligaciones; prohibir pagos en efectivo que no cumplan con los lineamientos establecidos; emitir documentación formal que respalde las operaciones; conservar y proteger la información; y facilitar las visitas de verificación por parte de las autoridades. El incumplimiento de estas disposiciones puede llevar a sanciones que van desde aproximadamente 23 mil hasta más de 7 millones de pesos, además de la suspensión temporal de operaciones relacionadas. La medida busca fortalecer la vigilancia fiscal y evitar la utilización de actividades profesionales con fines ilícitos.
