Durante décadas, Pemex, Petrobras y Petróleos de Venezuela (PDVSA) han sido pilares del poder energético estatal en América Latina. Sin embargo, enfrentan desafíos semejantes: mantener la producción y atraer capital sin perder el control estratégico de sus recursos, en distintos contextos políticos y económicos.
En Venezuela, la transición tras la salida de Nicolás Maduro no ha redefinido el modelo petrolero de PDVSA. Aunque formalmente estatal, la empresa funciona mediante alianzas con socios extranjeros como Chevron, Repsol y compañías chinas, que aportan inversión y tecnología. No obstante, la infraestructura deteriorada, sanciones internacionales y la inseguridad jurídica dificultan la llegada de nuevos capitales. PDVSA exhibe una producción muy por debajo de su potencial, a pesar de contar con una de las mayores reservas petroleras del mundo.
Brasil, a través de Petrobras, ofrece un modelo diferente: creó un esquema de capital abierto desde 1997 que permitió la entrada de inversiones privadas para reactivar la producción, especialmente en aguas profundas. Actualmente, Petrobras es semipública, con aproximadamente 37% de acciones bajo control estatal y el resto en manos de inversionistas privados e institucionales. Esto ha favorecido la diversificación y una recuperación operativa importante, a pesar de los escándalos de corrupción que afectaron a la empresa en años previos.
En México, Pemex ha retornado a un control estatal más estricto tras la reforma energética de 2024. Pese a que se mantienen los contratos mixtos con privados, el Estado conserva la mayoría de participación y control. La petrolera enfrenta presiones financieras significativas con una deuda que supera los 103 mil millones de dólares y una producción que ronda 1.6 millones de barriles diarios. Su historia muestra un retorno al modelo público tras años de apertura y cambios regulatorios.
Leonardo Beltrán, experto del Instituto de las Américas, destaca que las petroleras estatales deben generar certidumbre jurídica y condiciones contractuales atractivas para captar inversión privada, sin dejar de preservar los intereses estatales. Señala que factores externos como la geopolítica o la transición energética influyen, pero existen elementos internos que las empresas pueden ajustar para mejorar su competitividad y atraer capital.
En síntesis, aunque con diferencias históricas y estructurales, Pemex, Petrobras y PDVSA comparten el desafío de adaptarse a un contexto global más complejo, donde el control estatal, la necesidad de inversión y la competitividad son fuerzas en tensión para asegurar su viabilidad futura.
