La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa un punto crítico para la estrategia de seguridad del gobierno federal, pero también destaca los retos que enfrentan la economía y la percepción crediticia del país. Moody’s mantiene la calificación de México en Baa2 con perspectiva negativa, alertando que la inseguridad continua afecta el crecimiento económico al aumentar los costos para las empresas, incluyendo gastos en protección y extorsiones, y deteriora el entorno operativo.
Tras la operación contra el líder del CJNG, en diversas regiones se registraron bloqueos y actos violentos como incendios de vehículos por parte del cártel, aunque Moody’s estima que estas afectaciones tendrán un impacto económico limitado si se mantienen contenidos en áreas no críticas para la manufactura, industria o turismo. Sin embargo, el verdadero desafío sigue siendo el impacto estructural que genera la violencia: corrupción, debilitamiento institucional y aumento en los costos empresariales que frenan el desarrollo a largo plazo.
Además, la calificadora resalta un nuevo riesgo emergente vinculado a la difusión de desinformación generada con Inteligencia Artificial durante episodios violentos, lo cual puede intensificar la percepción de caos social y complicar la comunicación oficial en momentos de crisis. En este contexto, el gobierno federal ha adoptado una estrategia más directa contra los grupos criminales, fortaleciendo la cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos, lo que podría aumentar las tensiones bilaterales y la involucración estadounidense en seguridad, factores relevantes en la revisión del T-MEC y en la organización conjunta del Mundial de Futbol 2026.
Finalmente, Moody’s advierte que un repunte sostenido de violencia podría obligar a un aumento en el gasto público en seguridad, limitando los esfuerzos de consolidación fiscal. No obstante, también indica que mejoras duraderas en materia de seguridad tendrían efectos positivos para la calidad crediticia de México, al impulsar un mejor clima de inversión, reducir costos empresariales y fortalecer las instituciones.
