En un contexto global donde la seguridad en el suministro de minerales críticos se ha vuelto fundamental, México y Estados Unidos han establecido una alianza para promover inversiones en el sector minero por un monto estimado en 45,000 millones de dólares. Esta colaboración va más allá de lo sectorial y representa un movimiento estratégico orientado a fortalecer la seguridad económica y la posición industrial de América del Norte en la economía mundial del futuro.
Minerales como el litio, cobre y grafito han adquirido una relevancia creciente, pues son esenciales para la fabricación de autos eléctricos, baterías, inteligencia artificial y la transición energética. En medio de tensiones geopolíticas y desafíos en las cadenas de suministro global, la búsqueda de resiliencia ha llevado a que las economías busquen reducir la dependencia de proveedores concentrados en pocos países, especialmente en el caso de estos recursos estratégicos.
México cuenta con una combinación de factores que lo posicionan como un actor clave en esta reestructuración productiva: su cercanía al mercado estadounidense, la profunda integración comercial existente, su capacidad industrial y un potencial geológico significativo. Sin embargo, contar con recursos minerales no garantiza automáticamente un poder económico sostenido. La minería actual exige condiciones institucionales sólidas, como certidumbre jurídica, reglas claras, seguridad territorial e infraestructura eficiente, dado que las inversiones son a largo plazo y altamente sensibles a la incertidumbre.
Así, el acuerdo firmado no solo representa una posibilidad de incrementar la producción minera, sino también de integrar a México en la base material del sistema industrial regional. Esto implica una responsabilidad mayor para el país, que debe ofrecer estabilidad institucional y continuidad de políticas públicas para convertirse en un proveedor confiable y estratégico en el nuevo orden productivo global.
