En diversos municipios del país, la selección de comisarios y jefes en las corporaciones de seguridad pública se basa frecuentemente en conexiones políticas más que en méritos o experiencia comprobada. Esta práctica debilita la legitimidad institucional y genera fracturas dentro de las fuerzas policiales, pues coexisten mandos con trayectoria profesional verificada junto con otros designados por compadrazgos políticos sin formación ni evaluación adecuada.
Esta situación provoca desorden, desmotivación dentro del cuerpo policial y facilita la infiltración del crimen organizado en las estructuras de mando. La falta de experiencia real en la gestión policial limita la capacidad de respuesta efectiva ante los retos operativos del país.
Especialistas proponen que el proceso de selección contemple convocatorias públicas transparentes, donde solo aspirantes con al menos diez años de antigüedad y evaluación aprobada puedan acceder a puestos directivos. El establecimiento de comisiones independientes, integradas por expertos, académicos y representantes ciudadanos, asegurarían decisiones fundamentadas en competencias, con evaluaciones periódicas para garantizar resultados.
Asimismo, se recomienda crear institutos municipales con autonomía presupuestal para regir estos procesos, establecer un banco nacional de candidatos certificados y realizar auditorías anuales externas. Solo mediante un sistema meritocrático y transparente será posible reconstruir la confianza institucional y fortalecer la seguridad pública a nivel municipal.
