El 1 de enero de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum revocó el decreto que desde 2022 permitió la legalización masiva de vehículos importados ilegalmente, conocidos popularmente como ‘autos chocolate’. Esta medida, que inicialmente tuvo un enfoque social para regularizar estos automotores, fue suspendida debido a los crecientes problemas de corrupción, incumplimientos legales y efectos negativos tanto económicos como ambientales.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), presidida por Guillermo Rosales, denunció que aproximadamente el 95% de los vehículos regularizados no cumplían con las reglas establecidas, incluyendo la introducción al país después de la fecha límite prevista y la legalización de autos con daños estructurales severos o declarados como pérdida total en su país de origen. Rosales señaló que estas irregularidades se vieron facilitadas por funcionarios estatales a través de convenios con el Registro Público Vehicular (REPUVE), creando un esquema de corrupción en el que intermediarios cobraban hasta 25,000 pesos por automóvil, muy por encima de los costos oficiales de 2,500 pesos.
El enorme volumen de autos irregulares, estimado en cerca de 3 millones, ha generado impactos negativos en el parque vehicular nacional, incluyendo el envejecimiento marcado del mismo, riesgos para la seguridad vial y daños ambientales derivados de unidades sin sistemas adecuados de control de emisiones. Además, se identificó que la cadena operativa involucró pagos de derechos de piso a grupos del crimen organizado, fortaleciendo redes ilícitas vinculadas a esta actividad.
El fin del programa además representa un cambio en la dinámica entre el gobierno federal y el sector formal del automóvil. Según Rosales, el nuevo gobierno ha sostenido un diálogo más constante y efectivo con dependencias como Hacienda y Economía, contrastando con administraciones previas. Para el sector automotriz autorizado, la cancelación significa recuperar un mercado más ordenado y regulado, con un enfoque integrado que considera la seguridad, la sustentabilidad y los riesgos económicos derivados del comercio irregular de vehículos usados procedentes del extranjero.
