En los últimos años, el salario mínimo en México ha experimentado incrementos significativos, pasando de ser una referencia simbólica a un elemento central de la política laboral. Actualmente, este ingreso equivale a 9,582 pesos mensuales a nivel nacional, aumentando un 13% para 2026. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario diario ya supera los 440 pesos, frente a los 176.72 en 2019.
Especialistas reconocen el efecto positivo de estos aumentos en la reducción de la pobreza y en la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, advierten que esta tendencia está llegando a un límite, especialmente en regiones donde el salario mínimo ya cubre dos canastas básicas. Esto puede generar presiones en el mercado laboral, afectando la creación de empleos formales, la inflación y la rentabilidad empresarial.
La productividad laboral, que mide la producción promedio por trabajador, se ha mantenido casi estancada desde 2018, mientras que la informalidad laboral ha crecido y ahora representa el 55% de los empleados. Expertos señalan que el aumento salarial supera la evolución de la productividad en sectores de bajo valor agregado, afectando principalmente a micronegocios con acceso limitado a financiamiento. Además, el encarecimiento del trabajo podría trasladarse a los precios de bienes y servicios, elevando la inflación subyacente.
Desde el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de seguir aumentando el salario mínimo para cubrir al menos 2.5 canastas básicas, asegurando que estas decisiones se toman en consenso con trabajadores y empleadores. No obstante, llamó a cuidar la competitividad especialmente en la frontera norte. Diversos análisis sugieren la conveniencia de un aumento diferenciado para 2026, con incrementos mayores en la mayoría del país y menores en la zona fronteriza, para equilibrar la recuperación del poder adquisitivo sin afectar el empleo ni la inversión.
