El avance de proyectos energéticos en México ya no depende únicamente de permisos regulatorios y autorizaciones técnicas. La aceptación y el apoyo de las comunidades donde se planea construir infraestructuras como gasoductos y líneas de transmisión se ha convertido en un factor crucial para la viabilidad de estos desarrollos. Si bien los proyectos pueden cumplir con requisitos administrativos, sin el aval social, pueden quedar detenidos indefinidamente.
Expertos del sector energético coinciden en que el componente social ha cobrado mayor relevancia, incluso por encima de aspectos financieros y tecnológicos. Gabriel Baeza Espejel, socio de Caral Law, señala que “todo proyecto de infraestructura tiene que contar con diversos permisos, pero el tema social es el más complejo por los diversos intereses y grupos sociales involucrados”.
Casos como el gasoducto de Agua Prieta en Sonora ejemplifican este escenario, donde la oposición de la comunidad yaqui obligó a modificar el trazado, incluso con intervención presidencial para respetar las tierras comunitarias. De manera similar, los gasoductos Tuxpan–Tula y Guaymas–El Oro enfrentan paralizaciones por conflictos sociales, lo que llevó a la Comisión Federal de Electricidad a asociarse con empresas privadas para buscar soluciones, incluyendo rutas alternativas.
La Secretaría de Energía ha actualizado el marco regulatorio con la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético, que permite negar proyectos que no sean aprobados por las comunidades o que generen afectaciones irreparables. Estas consultas deben ser libres, previas e informadas, lo que garantiza que las comunidades comprendan claramente los impactos potenciales. La simultaneidad entre los trámites regulatorios y las consultas sociales representa un reto para la coordinación, ya que la construcción no puede iniciar hasta contar con los permisos técnicos y el respaldo social definitivo. Esta nueva realidad marca que el futuro de la infraestructura energética en México dependerá en gran medida del diálogo y la aceptación comunitaria.
