El escenario político y económico en Venezuela continúa impactando la presencia de empresas mexicanas en el país. Mientras que Gruma decidió cerrar sus operaciones debido a las expropiaciones y la compleja situación económica, compañías como Grupo Bimbo y Coca-Cola FEMSA optan por mantener una presencia limitada bajo un esquema de exposición mínima.
A lo largo de las últimas décadas, las empresas mexicanas han enfrentado desafíos significativos en Venezuela, incluidos controles cambiarios, hiperinflación y procesos de expropiación que marcaron la gestión del expresidente Hugo Chávez. En este contexto, algunas compañías optaron por retirarse, mientras que otras continuaron operando bajo rigurosas regulaciones gubernamentales.
Grupo Bimbo comenzó su expansión en Venezuela en 1993 y comercializa marcas reconocidas como Marinela y Holsum. Sus operaciones se manejan a través de la filial OLA, que integra sus actividades en Latinoamérica. A pesar de las restricciones de precios, la escasez de insumos y la devaluación de la moneda local, Bimbo sigue presente en el mercado venezolano con ventas que reflejan ciertos avances regionales.
Por su parte, Coca-Cola FEMSA administra su inversión en Venezuela desde 2017 como una operación no consolidada. Expertos en economía señalan que la incertidumbre persiste para los inversionistas, quienes esperan cambios políticos y económicos que puedan garantizar un marco jurídico estable y atraigan un posible regreso de inversiones extranjeras.
En contraste, Gruma sufrió la expropiación de sus activos en 2010 y decidió cancelar su inversión en 2015, lo que le generó una considerable pérdida financiera. Aunque la empresa llevó el caso a arbitraje internacional y obtuvo un fallo a su favor, la posibilidad de recuperar activos o reintegrarse al mercado venezolano sigue siendo incierta y depende de la evolución del entorno político y jurídico.
Analistas coinciden en que cualquier proceso de estabilización y retorno de inversiones será gradual, condicionado a la salida definitiva del régimen actual y a la implementación de reformas que favorezcan la seguridad jurídica y la confianza del mercado.
