El expresidente Andrés Manuel López Obrador aplicó una fórmula marcada por priorizar la lealtad por encima de la experiencia profesional en designaciones de altos cargos durante su administración, revela Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, en su libro “Ni venganza ni perdón”. Según Scherer, el criterio para seleccionar funcionarios clave fue contar con un 90% de lealtad y solo un 10% de capacidad técnica.
Entre los nombramientos destacados están los de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública, y Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Scherer relató que, aunque México ya contaba con una Fiscalía General autónoma, la propuesta de Gertz fue aceptada por el presidente para encabezar esta dependencia, a pesar de que la propia decisión le causaba dudas.
En el caso de Durazo, se menciona que fue considerado para un cargo incluso superior al de las secretarías militares, con el objetivo de militarizar la seguridad desde una autoridad civil. Lo calificó como una persona organizada y con un discurso eficaz que ejerció un seguimiento riguroso en asuntos de seguridad hasta su salida para contender en Sonora.
Respecto a Bartlett, Scherer critica que el funcionario no solo no apoyó la gestión de López Obrador, sino que también derivó en pérdidas económicas y falta de inversiones en el sector eléctrico. Bartlett propició conflictos con la iniciativa privada y fue responsable de decisiones que condujeron a un arbitraje que costó millones de dólares al país. Además, se señala el impacto de la lealtad política en otros nombramientos, como el de Hugo López-Gatell y Arturo Zaldívar, en cuyos casos la confianza personal primó sobre la capacidad o trayectoria profesional.
