El Tren Interoceánico, proyecto emblemático ferroviario iniciado en la administración del presidente López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum, enfrenta una profunda crisis tras el accidente ocurrido el 28 de diciembre que dejó 14 muertos y cerca de 98 heridos. Este incidente ha detenido la operación del tren y generado importantes dudas sobre su seguridad y viabilidad como alternativa de transporte y logística en la conexión entre Oaxaca y Veracruz.
El tren, que comenzó a operar en diciembre de 2023 y tenía una ocupación del 62.5% el día del accidente, estaba diseñado para ofrecer rentabilidad social, mejorando la conectividad para las comunidades locales. Sin embargo, la tragedia ha generado miedo entre usuarios potenciales, quienes podrían regresar al autotransporte público que predominaba antes de reactivarse esta vía ferroviaria después de décadas en desuso.
Además, el manejo institucional ha sido cuestionado, especialmente la respuesta de la Secretaría de Marina, encargada del proyecto. La falta de comunicación inmediata y clara, junto con la insuficiente indemnización anunciada para las víctimas, ponen en entredicho el compromiso gubernamental con los afectados y complican la recuperación de la confianza social y empresarial.
En el ámbito empresarial, la incertidumbre y el temor a riesgos afectan la confianza en el Tren Interoceánico como medio de transporte de carga. Empresas que ya habían comenzado a utilizar el corredor, como Cemex y Gruma, enfrentan desafíos en la continuidad de sus operaciones por posibles sobrecostos y la percepción negativa tras el accidente. Los especialistas anticipan que la reactivación del servicio requerirá inversiones significativas en seguridad y garantías para asegurar la estabilidad de este proyecto estratégico para la logística nacional e internacional.
