La agencia calificadora S&P Global Ratings mantiene la calificación crediticia de México en BBB con perspectiva estable y advierte que esta decisión se fundamenta en problemas internos de la economía nacional. Entre los retos que enfrenta el país destacan un crecimiento económico insuficiente, dificultades operativas y financieras en empresas estatales, así como un aumento en la carga de la deuda soberana.
Según el análisis de S&P, el escaso crecimiento está vinculado a factores como la inseguridad, inversiones limitadas en infraestructura física y la fuerte competencia manufacturera de China que se ha consolidado en las últimas tres décadas. Además, la relación tensa entre el gobierno y el sector privado ha reducido el dinamismo de la inversión privada, la cual no se espera que mejore significativamente debido a recientes reformas judiciales que aumentan la incertidumbre jurídica.
A pesar de que México forma parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la agencia destaca que el desempeño económico del país ha sido más débil que el de Estados Unidos, pese a contar con acceso preferencial a la mayor economía del mundo. Asimismo, las finanzas públicas han mostrado una gradual erosión, siendo la situación financiera de las empresas estatales Pemex y CFE un factor de vulnerabilidad aunque el gobierno no asuma directamente sus pasivos.
No obstante, S&P reconoce fortalezas importantes como la flexibilidad externa y monetaria de México, respaldada por reformas que han disminuido su vulnerabilidad ante choques externos y han consolidado una política monetaria creíble con un tipo de cambio flexible. La proyección para 2026 estima un crecimiento económico de poco más del 1.0%, reflejando las debilidades estructurales del país.
La agencia también señala que una mejora en la calificación dependerá de una gestión eficaz que fomente la inversión, aumente el crecimiento per cápita y fortalezca la disciplina fiscal mediante la ampliación de la base tributaria y la recuperación de los amortiguadores fiscales. En contraste, si los déficits y la deuda pública aumentan sin control, y se incrementa el apoyo financiero a las empresas estatales, la calificación podría ser ajustada a la baja.
