El gobierno federal mexicano informó que el próximo lunes 23 de febrero presentará ante el Senado una iniciativa de reforma constitucional cuyo objetivo es terminar con las pensiones consideradas excesivas que actualmente perciben exfuncionarios de alto rango y con régimen de confianza. Esta medida busca ajustar el sistema de beneficios y reducir los pagos públicos que se consideran onerosos para las finanzas del país. La propuesta se enmarca dentro de una estrategia gubernamental orientada a la austeridad y la optimización del gasto público en beneficio del Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado una postura firme contra estas pensiones, enfatizando la necesidad de que los recursos públicos se destinen de manera responsable y equilibrada. De esta forma, la reforma plantea modificaciones en las disposiciones constitucionales para establecer límites claros en los beneficios otorgados a cargos públicos tras su retiro. La iniciativa deberá ser analizada y aprobada por la Cámara de Senadores para su posterior implementación.
Este anuncio se suma a las políticas que el gobierno ha promovido en su administración para combatir prácticas consideradas inequitativas y ajustar el gasto público, especialmente en rubros que impactan directamente en la economía nacional y el bienestar social. La iniciativa será vigilada por diversos actores políticos y sociales interesados en el manejo transparente y eficiente de los recursos estatales.
Así, la propuesta refleja una respuesta gubernamental para fortalecer el sistema de pensiones con un enfoque de sostenibilidad y justicia fiscal, buscando disminuir las cargas que representan los pagos elevados a exservidores públicos bajo regímenes especiales.
