Al cierre de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que la deuda fiscal acumulada de contribuyentes alcanzó un saldo de 3.12 billones de pesos, superando los 2.85 billones registrados un año antes. Este incremento de casi 270 mil millones de pesos refleja el fortalecimiento de las acciones de fiscalización ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que emitió un total de 1.7 millones de créditos fiscales, 52 mil más que en 2024.
El SAT prevé que esta tendencia continúe en 2026, apoyándose en modificaciones recientes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Aduanera. Estas reformas enfocan los esfuerzos en combatir la compraventa de facturas falsas, contrabando y subvaluación en comercio exterior, buscando aumentar la recaudación y reducir la evasión fiscal.
Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, señaló en conferencia que “el Plan Maestro 2026 confirma el endurecimiento en auditorías y fiscalización iniciado en los últimos años. Esto se traducirá en un mayor volumen de créditos fiscales contra personas y empresas, que el SAT cobrará de manera judicial si es necesario”. Un crédito fiscal corresponde a deudas por impuestos no pagados, como ISR, IVA o IEPS, así como multas y recargos derivados de auditorías.
Del total de créditos fiscales, más del 65% están en disputa, es decir, que los contribuyentes objetan el monto y presentan recursos legales para su defensa. De los créditos no disputados, sólo algo más de la mitad se considera cobrable; el resto corresponde en gran medida a contribuyentes no localizados. A modo de referencia, el monto de estos créditos supera la totalidad del ISR pagado en 2025, equivale al doble del IVA recaudado y representa un tercio del gasto público del país para ese año.
