La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso fiscal de Grupo Salinas ha generado preocupación por litigios similares que involucran a otras grandes empresas, entre ellas Samsung Electronics y varias maquiladoras mexicanas. Estos casos giran en torno a la aplicación de un doble cobro de impuestos, particularmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), debido a una nueva interpretación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha hecho sobre el programa IMMEX.
Samsung se encuentra en un conflicto legal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto cercano a 6,714 millones de pesos en IVA no retenido durante el periodo 2019-2023. Paralelamente, ocho empresas maquiladoras demandan la devolución de 46,000 millones de pesos por el mismo concepto, tras un cambio en la interpretación que Hacienda hizo de las reglas de exportación virtual bajo el esquema IMMEX, que permite importar temporalmente componentes sin pagar IVA siempre que el producto final sea exportado.
La nueva postura del SAT considera que si la mercancía permanece en territorio nacional, debe pagarse IVA, lo cual contrasta con el entendido previo que permitía la exportación virtual sin gravámenes. Samsung argumenta que estas operaciones internas en la cadena productiva no deberían ser gravadas con IVA, pues significaría un doble pago. Esta controversia ha generado fallos contradictorios entre tribunales administrativos y la Corte ha atraído el caso para resolver esta discrepancia.
Expertos en derecho fiscal advierten que la Corte podría estar estableciendo un criterio que, aunque en apariencia responde a principios fiscales, también favorece un incremento en la recaudación gubernamental. Gustavo de Hoyos, diputado federal, señaló: “El Poder Judicial debe mantener una independencia de criterio. Si el fisco requiere o no más recursos, no es un asunto que le incumbe a la Corte, eso le corresponde a la política hacendaria y al Poder Legislativo al establecer los impuestos”. La resolución que adopte la SCJN en estos asuntos marcará un precedente relevante sobre la interpretación de las normas fiscales que afectan a sectores estratégicos de la economía mexicana.
