En numerosas ciudades de México, durante las noches, operan redes criminales especializadas que sustraen piezas vitales de la infraestructura pública, como coladeras, cables eléctricos, semáforos, luminarias y válvulas de agua. Estas acciones van mucho más allá de simples robos callejeros, ya que alimentan un mercado clandestino de metales y refacciones industriales, lo que provoca graves repercusiones en el servicio de la ciudad y pone en riesgo la seguridad y vida de la población.
Este fenómeno ha permanecido poco visibilizado hasta fechas recientes, cuando se documentó la rápida disminución de infraestructura pública debido a estos hurtos. Más allá del daño económico, esta situación desencadena accidentes mortales, cortes de energía y pérdidas millonarias en recursos públicos, evidenciando la necesidad urgente de tratar este robo como un delito estratégico que afecta la movilidad, la salud y la vida cotidiana.
El robo de infraestructura urbana incluye la venta ilegal de coladeras de hierro, cables de cobre y piezas de señalización vial. Algunos de estos materiales se funden y comercializan sin regulación en mercados nacionales e internacionales. Las redes criminales funcionan como intermediarios que compran a grupos locales encargados del desmantelamiento rápido de los bienes públicos. Este ilícito incrementa en zonas con deficiente vigilancia y mantenimiento, donde no existen sistemas de inventario efectivos.
Para enfrentar esta realidad, se proponen soluciones integrales que comprendan tecnologías de protección, como coladeras de polímeros sin valor de reventa, blindaje químico en cables, sistemas de rastreo con códigos QR y sensores que detecten la manipulación indebida. Además, es fundamental fortalecer el marco legal para que centros de reciclaje registren a sus proveedores y denuncien actividades sospechosas. Finalmente, es indispensable mejorar la coordinación operativa entre niveles de gobierno para contar con inventarios digitales, rondas de vigilancia constante y brigadas de mantenimiento, considerando que la responsabilidad debe compartirse entre municipios, estados y autoridades federales.
La gravedad del problema exige que el robo de infraestructura urbana sea catalogado como delito grave, con sanciones que recaigan no solo en quienes cometen el hurto, sino también en quienes participan en la cadena económica, desde compradores hasta recicladores. Esta tarea exige implementar políticas nacionales que aseguren trazabilidad, corresponsabilidad penal y el uso de tecnología pública accesible, dejando claro que proteger la infraestructura es proteger la seguridad y calidad de vida de la población.
