En el marco de la reforma electoral que contempla incluso la posible desaparición de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), estos organismos enfrentan serios recortes en su presupuesto para 2025. Esto ha provocado que al cierre del año al menos trece entidades federativas presenten un riesgo significativo para cubrir sus gastos ordinarios y electorales.
El Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que en Zacatecas se concentra la crisis más grave, con un déficit presupuestal del 83%. El OPLE de esa entidad solicitó un presupuesto de 177 millones de pesos para sus operaciones y las elecciones judiciales locales; sin embargo, sólo se le asignaron 30 millones, dejando un faltante superior a 147 millones. La situación se agrava con un recorte adicional aprobado por el Congreso local, que disminuyó en 33.89% el presupuesto previsto para 2024, y la deuda que mantiene el organismo con la Secretaría de Finanzas del estado.
Otros estados que enfrentan una situación delicada incluyen Guerrero, Yucatán, San Luis Potosí y Colima, donde el riesgo presupuestal varía entre medio y alto. En particular, San Luis Potosí y Colima aún esperan la entrega de recursos para cubrir gastos electorales ya realizados, a pesar de los compromisos oficiales.
Desde el Consejo General del INE se ha enfatizado la importancia de mantener a los OPLES con recursos adecuados para asegurar su correcto funcionamiento y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía. El consejero Jorge Montaño advirtió que “los Institutos Electorales Locales no pueden ni deben ser asfixiados presupuestalmente porque cualquier recorte drástico y sin justificación puede impactar negativamente en su operación y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
En general, los recortes de presupuesto afectan a OPLES gobernados por distintas fuerzas políticas; sin embargo, los organismos en estados administrados por Morena han experimentado ajustes más severos. Además de Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Chiapas y Puebla enfrentan grandes déficits, mientras que en estados gobernados por PAN, PRI o MC los recortes son menores pero también presentes.
La austeridad aplicada y la insuficiencia financiera ponen en riesgo el desarrollo democrático en las entidades federativas, justo en un momento clave donde se discute la permanencia y reforma del sistema electoral local.
