La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha confirmado que la actividad de las granjas porcícolas en Yucatán genera impactos ambientales significativos, especialmente en la contaminación de aguas subterráneas, suelo y aire. Desde 2022, la institución realizó 30 inspecciones en granjas denunciadas por comunidades mayas, detectando irregularidades como la ausencia de autorizaciones ambientales y vertidos ilegales de aguas residuales sin tratamiento, hechos considerados de especial gravedad debido a la alta vulnerabilidad hídrica de la región.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora federal, explicó que los daños están documentados desde hace años, mencionando el “Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán” publicado en 2023, que identifica más de 500 granjas operando en condiciones que afectan principalmente el acuífero subterráneo, único recurso hídrico en esta zona kárstica. Entre las acciones de Profepa destaca la clausura definitiva de una granja en Santa María Chí tras reiterados incumplimientos de las medidas establecidas para detener vertidos ilegales.
La procuradora también reconoció vacíos normativos y confusión en la coordinación entre autoridades estatales y federales. Actualmente, se trabaja en un convenio para clarificar competencias y establecer una estrategia conjunta para atender la problemática de manera más eficaz. Boy enfatizó que el desarrollo económico debe estar ligado a la protección ambiental y los derechos humanos, comprometiéndose a mantener un diálogo cercano y transparente con las comunidades afectadas.
En paralelo, Greenpeace México ha señalado que las sanciones y clausuras actuales son insuficientes para reparar el daño ambiental y social generado, denunciando que cerca del 90% de las megagranjas funcionan sin la autorización necesaria. Carlos Samayoa, representante de Greenpeace, resaltó que las afectaciones impactan directamente la salud, el acceso al agua y la calidad de vida de las personas, y demandó la creación de un programa de restauración ambiental junto con la participación comunitaria para abordar integralmente el problema.
