Desde el 1 de enero de 2026, una reforma al Código Fiscal de la Federación impone a todas las empresas la obligación de que sus comprobantes fiscales respalden operaciones reales, existentes y verificables. Esta normativa, conocida como la exigencia de “materialidad de operaciones”, busca combatir el uso de facturas falsas, aunque se aplica indiferentemente a cualquier contribuyente que emita facturas, sin importar su sector o actividad.
El incumplimiento de esta disposición conlleva severas consecuencias para los emisores y receptores de facturas. Entre ellas destacan la suspensión o cancelación de certificados de sello digital que permiten emitir facturas electrónicas, la imposición de multas económicas y la invalidez fiscal de las operaciones facturadas. Asimismo, se establece la posibilidad de sanciones penales que incluyen prisión automática para quienes participen en la emisión o uso de comprobantes fiscales falsos.
El impacto de esta regulación trasciende el área contable, afectando directamente la responsabilidad legal de directivos y ejecutivos. Es fundamental fortalecer los controles internos y la gobernanza corporativa para evitar cualquier vinculación con empresas factureras, ya sea por acción o negligencia. Además, la legislación actual no define con claridad indicios objetivos para demostrar el cumplimiento de esta obligación, por lo que las autoridades fiscales pueden presumir la falsedad de facturas incluso si no están vinculadas a empresas fantasma.
Por lo tanto, las empresas deben adoptar medidas preventivas y asesorarse adecuadamente para asegurar la veracidad de sus operaciones y evitar contingencias legales y fiscales. La obligación de aportar evidencia que respalde las transacciones se convierte en un requisito indispensable para la validez de las facturas y sus efectos fiscales.
