La reciente acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, ha provocado un fuerte impacto político en América Latina y una importante disyuntiva diplomática para México. Esta operación, que carece de base legal bajo el derecho internacional vigente, ha reactivado un debate sobre la influencia estadounidense en la región y los principios que rigen la política exterior mexicana.
De acuerdo con la normativa internacional, la Carta de las Naciones Unidas restringe el uso de la fuerza a casos específicos como la legítima defensa o una autorización del Consejo de Seguridad, ninguna de las cuales aplica en el caso venezolano. Además, la detención de un mandatario en ejercicio va en contra de la inmunidad establecida por el derecho internacional consuetudinario.
Estados Unidos defiende la intervención como una medida imprescindible para preservar sus intereses estratégicos y enfrentar amenazas asociadas al narcotráfico y al terrorismo, basándose en una visión de hegemonía regional que remite a la histórica Doctrina Monroe. Esta perspectiva, sin embargo, no cuenta con reconocimiento jurídico y se contrapone al sistema multilateral que procura limitar acciones unilaterales en el hemisferio.
México, fiel a su tradición pacifista y de no intervención, ha rechazado categóricamente la operación estadounidense, reafirmando su compromiso con la soberanía, la solución pacífica de controversias y el respeto al derecho internacional. Esta posición se fundamenta en la Doctrina Estrada, establecida en 1930, que sostiene la no intervención en asuntos internos y evita calificar la legitimidad de gobiernos extranjeros, buscando mantener la estabilidad y autonomía de su política exterior.
Históricamente, México ha aplicado esta doctrina para preservar relaciones diplomáticas en contextos delicados, como la Revolución Cubana y diversas crisis políticas en América Latina. En el actual escenario, esta postura cobra mayor relevancia al enfrentar un resurgimiento de dinámicas imperiales que podrían debilitar el marco jurídico internacional y poner en riesgo la soberanía regional.
Ante estas circunstancias, México opta por reafirmar sus principios históricos y jurídicos, rechazando que los intereses de poder se impongan a las normas multilaterales. La preservación de estos principios no es solo un acto ideológico, sino una decisión estratégica que considera la asimetría en la relación con Estados Unidos y la necesidad de proteger la independencia nacional.
