El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que clasifica al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”, lo que ha generado preocupación en el gobierno mexicano. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que se están analizando las posibles repercusiones de esta medida en el país. Mientras Washington intensifica su discurso y acciones contra el tráfico ilegal de fentanilo, México apuesta por un enfoque distinto para abordar la crisis de esta droga.
La nueva política estadounidense podría afectar las relaciones bilaterales en materia de seguridad y la manera en que se combaten las redes de narcotráfico vinculadas al fentanilo. Autoridades mexicanas están evaluando cómo esta reclasificación impactará en las operaciones fronterizas, en la cooperación internacional y en las estrategias internas para combatir el tráfico y consumo de esta sustancia.
Ante el endurecimiento del discurso estadounidense, México mantiene la postura de priorizar políticas de prevención, atención y reducción de daños. El gobierno local y federal continúan buscando alternativas para enfrentar el problema, sin caer en medidas de carácter militarista o represivas.
El tema genera debate sobre la mejor ruta para combatir el fenómeno del fentanilo ilícito que afecta a ambos países, con vistas a coordinar esfuerzos que permitan salvaguardar la seguridad y la salud pública de las poblaciones involucradas.
