La emblemática Mexicana de Aviación realizó su último vuelo original en agosto de 2010 antes de cesar operaciones debido a problemas financieros. Más de 13 años después, la aerolínea fue relanzada en diciembre de 2023 bajo la gestión estatal de la Secretaría de la Defensa Nacional, operando desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con una oferta de vuelos que combina destinos turísticos y regiones poco atendidas por la iniciativa privada. Sin embargo, la reapertura no ha logrado cerrar los asuntos pendientes con los exempleados de la aerolínea original, quienes aún esperan indemnizaciones por la quiebra.
En agosto de 2023, el gobierno anunció un acuerdo por 816 millones de pesos vinculado a la compraventa de activos, incluyendo la marca, tres inmuebles y un simulador de vuelo; estos últimos servirían para apoyar el pago de indemnizaciones. A la fecha, sólo se ha pagado aproximadamente la mitad del monto, distribuyendo cerca de 408 millones de pesos entre unos 7,400 trabajadores, cifra que representa apenas una fracción legalmente establecida para la liquidación total. Los avances para la adquisición de los bienes restantes y la cancelación total de las deudas laborales permanecen en etapa preliminar sin fechas concretas.
Operativamente, la aerolínea realizó ajustes en su red de rutas, eliminando destinos iniciales como Acapulco, Campeche y Villahermosa, entre otros, para adaptar su modelo de negocio. Su enfoque actual prioriza vuelos regionales con menor demanda en un contexto donde la demanda aérea en América Latina está recuperándose y enfrentando retrasos en la entrega de aeronaves de fabricantes internacionales. Esto limita el crecimiento y la expansión de la compañía estatal.
El secretario de la delegación de Mexicana de Aviación en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Adrián Martínez, señaló que “si se nos paga la segunda dispersión, todos los empleados estaríamos recibiendo aproximadamente el 8% de la liquidación total”, y aclaró que la empresa opera con una estructura jurídica distinta a la original, por lo que no existe patrón sustituto. Aún se mantiene abierta la situación legal referente a los derechos laborales de la compañía que dejó de operar en 2010, pues la nueva Mexicana adquirió únicamente la marca y no la obligación patrimonial. La comunicación entre la nueva entidad y personal de la antigua empresa es limitada, lo que agrava la incertidumbre para los trabajadores afectados.
