Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, ha delegado la gestión de diversas empresas del conglomerado en algunos de sus seis hijos, quienes poco a poco han asumido responsabilidades clave dentro del grupo. El empresario tiene tres hijos del matrimonio con Ninfa Sada Garza y otros tres de su relación con María Laura Medina.
Entre sus hijos con mayor presencia corporativa está Ninfa Salinas Sada, la hija mayor, que comenzó en Elektra a los 17 años y hoy es vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas y presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca. Además, encabeza Grupo Dragón, área dedicada a energías renovables, fomentando proyectos eólicos y geotérmicos, y ha tenido cargos políticos vinculados al medio ambiente.
Benjamín Salinas Sada, otro de los herederos, ocupa desde 2021 la vicepresidencia del Consejo de Administración del grupo. Ha tenido un papel importante en la transformación de TV Azteca y supervisa áreas clave como Elektra, Banco Azteca, Italika y Totalplay, destacándose por su enfoque en innovación y desarrollo del capital humano.
Por su parte, Hugo Salinas Sada ha desarrollado su carrera en sectores comerciales e inmobiliarios. Fundó Tiendas Neto, una cadena nacional de supermercados de descuento, e impulsa proyectos residenciales a través de la empresa Origina. Dentro de Grupo Salinas cuenta con cargos directivos y supervisa importantes iniciativas inmobiliarias.
Entre sus hijos menores, el mayor, Ricardo Salinas Medina, se integra gradualmente al mundo empresarial, mientras que los más jóvenes, Mariano y Cristóbal Salinas Medina, aún estudian y podrían incorporarse al grupo en el futuro.
Además de estos movimientos internos, Ricardo Salinas Pliego enfrenta un proceso fiscal en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le exige un pago por más de 51,000 millones de pesos por adeudos relacionados con IVA y otros conceptos, derivados principalmente de resoluciones judiciales para impuestos correspondientes a ejercicios fiscales pasados. El empresario ha declarado su disposición a resolver estas diferencias conforme a la ley y ha mostrado interés en concluir los procesos en curso, los cuales transcurren en un contexto de tensión pública con autoridades gubernamentales.
