El gobierno mexicano decidió no implementar el impuesto del 8% a los videojuegos catalogados como violentos, una medida que inicialmente formaba parte del Paquete Económico 2026. Esta decisión implica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prescindirá de una recaudación cercana a los 183 millones de pesos originalmente estimada por este gravamen.
Claudia Sheinbaum, presidenta del país, explicó que llevar a cabo la fiscalización del impuesto resultaría complicado debido a la dificultad de identificar con precisión cuáles títulos incluiría, pues no hay criterios claros para definir qué juegos poseen contenido violento susceptible de ser gravado.
Esta medida beneficia a la industria de videojuegos en México, la cual es reconocida como una de las más relevantes a nivel global. Estudios recientes muestran que el mercado mexicano genera ingresos anuales que superan los 2,300 millones de dólares, posicionándolo como el principal en Latinoamérica y dentro de los diez más importantes del mundo.
El impuesto se dirigía específicamente a videojuegos clasificados dentro de los grupos C y D según el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos (SMECCV), que incluyen títulos con violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte y contenido sexual, afectando a populares franquicias como Grand Theft Auto, Call of Duty, Mortal Kombat, The Last of Us y Assassin’s Creed.
Aunque la administración argumentó que la tasa buscaba proteger a infantes y adolescentes, varios estudios internacionales, como el de la Asociación Estadounidense de Psicología y UNICEF, han señalado que no existe evidencia contundente que relacione los videojuegos violentos con comportamientos agresivos. Además, especialistas como José Ángel Garfias Frías de la UNAM subrayan que la mayoría de jugadores poseen edades entre 30 y 40 años, contradiciendo la premisa de protección infantil y cuestionando la subjetividad del concepto de violencia en el ámbito digital.
