El gas licuado de petróleo (LP) continúa siendo el energético más utilizado en los hogares de México, manteniendo su posición de liderazgo en el mercado. Sin embargo, enfrenta un grave problema de cumplimiento regulatorio que afecta la transparencia y legalidad en su comercialización. Según datos recientes, cerca del 90% de los permisionarios encargados de la distribución del gas LP no cumple con los controles volumétricos establecidos por la autoridad, mecanismos diseñados para asegurar la trazabilidad y evitar el robo o la comercialización ilegal.
La supervisión de estos controles es fundamental para combatir el fenómeno conocido como huachigas, que incluye actividades ilícitas como robos en ductos y pipas. En julio de 2025 se registraron 89 tomas clandestinas, cifra superior a la de meses anteriores y evidencia de que el problema persiste. La baja adopción de tecnología para medir el volumen exacto del gas comercializado representa un serio desafío para la regulación del sector.
Otro factor que complica la situación son los topes a precios máximos establecidos desde 2021, los cuales han reducido los márgenes de ganancia para los distribuidores. Estos límites afectan la inversión en sistemas de seguridad y modernización, elementos clave para cerrar la puerta a la ilegalidad.
Las sanciones por incumplimiento se han intensificado en los últimos años, con multas que pueden alcanzar los cinco millones de pesos, la suspensión de operaciones y hasta penas de prisión. Desde 2023, las autoridades han dejado de otorgar prórrogas, acelerando la imposición de medidas contra los permisionarios rezagados. A pesar de esto, la cultura de incumplimiento persiste, en parte porque durante años no se aplicaron sanciones estrictas de forma consistente. El reto ahora es cambiar esta mentalidad y fortalecer la vigilancia para asegurar un mercado más legal y seguro para los consumidores.
