Las recientes medidas implementadas por el gobierno mexicano para combatir el huachicol y la evasión fiscal están generando un impacto directo en la industria automotriz, afectando la disponibilidad de insumos clave para las plantas de ensamblaje ubicadas en varios estados del país. Estas restricciones han provocado escasez de lubricantes y grasas industriales, esenciales para el funcionamiento óptimo de las líneas de producción.
La afectación se concentra en cuatro entidades con alta presencia manufacturera automotriz: Chihuahua con una planta de Ford; Coahuila donde operan cinco instalaciones de General Motors y Stellantis; Aguascalientes, sede de Nissan; y Guanajuato, que alberga complejos de General Motors, Ford, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen. Este desabasto comenzó a manifestarse a finales del año anterior y alcanzó su mayor nivel durante diciembre, cuando se efectúan las renovaciones anuales de permisos de importación.
Representantes de la industria han mantenido encuentros con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer la situación, la cual se agrava por el endurecimiento de los procesos administrativos y el retraso en las autorizaciones para la importación de combustibles y derivados, especialmente los provenientes de refinerías estadounidenses. Además, el sector enfrenta presiones adicionales derivadas de aranceles internacionales recientes, creando un entorno de incertidumbre para la operación y crecimiento de las compañías.
El gobierno ha intensificado la supervisión para frenar el contrabando de combustibles como parte de la agenda bilateral con Estados Unidos, con especial énfasis en el cumplimiento del T-MEC. Entre enero y septiembre de 2025, Petróleos Mexicanos reportó pérdidas por más de 20,000 millones de pesos por robos de combustible, un aumento significativo respecto al año previo. En este escenario, la industria automotriz demanda ajustes regulatorios que permitan conjugar la lucha contra el huachicol con la continuidad de sus operaciones, clave para la economía nacional.
