Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, el régimen chavista implementó una política de expropiaciones que impactó a más de 1,400 empresas. Esta práctica se extendió durante el mandato de Nicolás Maduro, acumulando una deuda superior a los 12,000 millones de dólares con compañías afectadas a nivel internacional.
Entre las firmas desplazadas por estas medidas se encuentran grandes corporativos mexicanos como Cemex y Gruma, así como multinacionales estadounidenses del sector energético como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. En 2008, Cemex fue expropiada y posteriormente indemnizada con 600 millones de dólares en 2011, mientras que en 2010 se ordenó la confiscación de activos de las subsidiarias de Gruma. En 2017, un tribunal internacional condenó al gobierno venezolano a pagar 430 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de estas acciones.
El sector petrolero fue uno de los más afectados, con la nacionalización de las instalaciones y refinerías de importantes empresas estadounidenses en 2007 bajo decreto presidencial de Chávez. Este precedente se remonta a 1976 cuando ya se había nacionalizado la industria petrolera creando la estatal PDVSA, la cual debía mantener al menos el 60% en cualquier empresa conjunta. Recientes declaraciones del expresidente Donald Trump han denunciado estas expropiaciones afirmando que “se llevaron todos nuestros derechos energéticos” y expresando su intención de recuperar esos activos.
Tras la reciente detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, el panorama político y económico de Venezuela permanece incierto, con una presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez. El país continúa enfrentando fuertes pasivos financieros por las expropiaciones, que supondrán un desafío para cualquier administración futura en la recuperación y estabilización de la economía nacional.
