México enfrenta una crisis silenciosa en sus recursos hídricos debido a la sobreexplotación creciente de sus acuíferos subterráneos, esenciales para el abastecimiento de agua en el país. En las últimas cinco décadas, los acuíferos sobreexplotados han aumentado de 32 en 1975 a 114 en 2023, reflejando una tendencia preocupante que amenaza la seguridad hídrica nacional.

La sobreexplotación ocurre cuando la extracción de agua de un acuífero excede su capacidad natural para recargarse, lo que a largo plazo deteriora el recurso y genera impactos visibles como hundimientos del terreno y aumento en costos de bombeo. Este fenómeno afecta regiones estratégicas como Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, el Noroeste y la Península de Baja California, lugares donde convergen importantes actividades agrícolas, industriales y urbanas.

Expertos han señalado que el problema va más allá del volumen extraído y radica en una gestión inadecuada del agua subterránea. Carmen Julia Navarro, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, advierte que la sobreexplotación se ha normalizado y que el sistema de administración actual sigue basando decisiones en balances anuales que no reflejan la dinámica real de estos recursos, como la recarga retardada que puede tardar años en manifestarse. Esta desconexión entre la regulación y la realidad física contribuye a una autorización excesiva de extracciones.

A esta situación se suma la alta dependencia del país en el agua subterránea, que provee aproximadamente entre 80% y 90% del agua para consumo humano. La falta de coordinación entre diferentes usuarios y la respuesta reactiva de profundizar pozos ante la caída de niveles subterráneos agrava la problemática, generando un ciclo insostenible. Además, efectos del cambio climático, sequías, crecimiento poblacional y actividades agrícolas expansivas aumentan la presión sobre los acuíferos.

Las consecuencias son palpables: hundimientos dañan infraestructura en zonas urbanas, incrementan costos energéticos y alteran el ciclo hidrológico, lo cual afecta a millones de personas. Expertos insisten en que es urgente una reforma en la gestión y regulación del recurso para evitar un agotamiento irreversible que comprometa el desarrollo de comunidades y sectores económicos fundamentales.