La reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos marca un renovado impulso a la Doctrina Monroe, buscando consolidar la influencia estadounidense en América Latina, con México como actor clave en esta dinámica. El documento establece tres objetivos principales: mantener la superioridad económica y tecnológica de EE.UU. en el capitalismo global; contener el avance de China en estas áreas; y reactivar el activismo político en la región para asegurar su alineación con los intereses estadounidenses.
Este acercamiento incorpora una visión que puede limitar el desarrollo latinoamericano, promoviendo una integración económica desigual. Las empresas de la región, México incluido, se verían orientadas a operar con tecnología estadounidense y a producir bienes de bajo valor agregado que no compitan con las empresas estadounidenses, atendiendo a la demanda de productos económicos para el consumidor norteamericano.
En materia de seguridad, el texto enfatiza la colaboración de México en el control migratorio y la lucha contra las organizaciones delictivas consideradas “narcoterroristas”. Se formaliza la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio latinoamericano para enfrentar estas amenazas, un escenario que podría desestabilizar la política interna y las relaciones bilaterales del país vecino.
Este contexto se extiende hasta la revisión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en 2026, donde EE.UU. buscará no solo aspectos comerciales, sino también exigencias en sectores como energía, telecomunicaciones, tecnología y recursos naturales, reforzando la subordinación de México a sus prioridades sin ofrecer contraprestaciones significativas.
Esta nueva coyuntura geopolítica presenta para México un desafío complejo: mantener su soberanía y estabilidad frente a la presión de una potencia con intereses expansionistas. El margen de maniobra es estrecho, y la estrategia estadounidense parece más orientada a condicionar la cooperación mediante restricciones que a generar beneficios compartidos.
