La Ciudad de México junto con los estados de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero han consolidado un esfuerzo coordinado para enfrentar el aumento de la extorsión y reducir el robo de vehículos en la región metropolitana. Este plan conjunto responde a la creciente preocupación por estos delitos que afectan la seguridad y convivencia en la zona.
Desde febrero de 2025, la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, ha promovido reuniones entre gobernadoras y funcionarios, focalizando inicialmente en la disminución del robo automotriz. Sin embargo, el repunte de casos de extorsión llevó a priorizar este delito en la agenda metropolitana durante un encuentro realizado en diciembre.
Brugada señaló: “(La extorsión) es uno de los delitos que más lastima a la población, así que hemos tomado la decisión de coordinarnos de manera metropolitana y hacer un frente, un frente de los distintos gobiernos para combatir este delito. Propusimos construir un gran pacto metropolitano que combata la extorsión y a favor de la paz y seguridad en la Metrópoli de este gran Valle de México”. Entre las medidas acordadas destacan la instalación de un C5 metropolitano para intercambio de información, la creación de una comisión de seguridad con participación de las secretarías de seguridad de cada estado, así como reformas para endurecer penas contra extorsionadores.
Datos oficiales reflejan que mientras en CDMX los reportes de extorsión más que se triplicaron de 439 a 1,567 entre enero y noviembre de 2025, en Morelos y Tlaxcala también registraron incrementos. Por otro lado, el robo de autos presentó una disminución en todas las entidades implicadas. Las acciones incluyen el incremento de revisiones vehiculares, implementación de inhibidores de señal en penales y operativos conjuntos en carreteras y zonas limítrofes. Asimismo, se contemplan regulaciones para motociclistas y esfuerzos para combatir la tala clandestina que impacta el ecosistema regional.
Expertos consideran que el aumento en denuncias de extorsión puede reflejar mayor confianza ciudadana en las autoridades a través de operativos como la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Sin embargo, también señalan el crecimiento del “régimen criminal” donde grupos delictivos buscan mantener influencia sobre la política y economía local, perpetuando la violencia. El plan metropolitano pretende entonces consolidar una respuesta institucional sólida y coordinada para garantizar mayor seguridad y justicia en esta zona clave del país.
