A más de seis meses de anunciarse el Bando 1, un conjunto de 14 medidas destinadas a frenar el encarecimiento y la difícil accesibilidad de la vivienda en la Ciudad de México, los avances en su ejecución han sido limitados. Estas acciones fueron presentadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, como respuesta a las protestas ciudadanas contra la gentrificación, fenómeno vinculado a la proliferación de viviendas para turismo y la especulación inmobiliaria que desplaza a residentes originales.
Vecinos de colonias afectadas como Juárez, una zona catalogada como área de alta tensión inmobiliaria, reportan que las medidas para proteger a inquilinos y evitar incrementos arbitrarios en las rentas han sido insuficientes. Claudia, residente desde hace cinco años en esa colonia, enfrenta un aumento constante en su renta mensual y falta de respuesta frente a condiciones deficientes en su vivienda, situación que se agrava con proyectos inmobiliarios orientados al turismo que dañan la infraestructura habitacional.
Activistas locales señalan que, en la última década, aproximadamente 4,000 personas han sido desplazadas de la colonia Juárez, equivalente a casi el 40% de la población de esta zona, debido a la transformación de viviendas en espacios turísticos como Airbnb, que representa cerca del 35% de los alquileres en renta actualmente. Aunque el Congreso de la Ciudad de México impuso regulaciones para limitar el alquiler temporal, estas todavía no se han ejecutado plenamente por la falta de mecanismos para su aplicación.
Autoridades reconocen que se han dado pasos, destacando la compra de inmuebles abandonados para convertirlos en viviendas sociales. Pablo Yanes Rizo, secretario de Planeación, considera el Bando 1 una apuesta ambiciosa para un cambio urbano a largo plazo y anuncia que la presentación próxima de la Ley de Rentas Justas impulsará un mayor progreso en la materia.
Entre las 14 disposiciones se incluyen topes legales al aumento de rentas, creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, regulación del turismo en viviendas, estímulos para vivienda pública y programas de arraigo comunitario para preservar el tejido social y cultural en las colonias más afectadas.
