La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto histórico en la geopolítica latinoamericana cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores en una operación militar sin precedentes dentro del territorio venezolano. Esta acción, aunque celebrada por sectores opositores, plantea cuestionamientos profundos sobre la soberanía estatal, la seguridad regional y las consecuencias que podría traer a toda América Latina.

La estrategia estadounidense consistió en extraer a los principales símbolos de poder, sin desarticular completamente las estructuras internas del régimen chavista. Delcy Rodríguez continúa manteniendo influencia y existen negociaciones abiertas con representantes del gobierno previo, generando incertidumbre sobre la sostenibilidad de la transición y las implicaciones éticas de posibles acuerdos para garantizar impunidad a ciertos actores políticos o militares.

Expertos señalan que la captura de Maduro recuerda la intervención en Panamá contra Manuel Noriega en 1989, que aunque logró encarcelar al líder militar, no erradicó el narcotráfico ni mejoró la gobernabilidad, pues las redes criminales se reconfiguraron y la corrupción persistió. En Venezuela, la posibilidad de que Maduro se convierta en cooperador protegido presenta riesgos muy claros: podría ofrecer información que desestabilice gobiernos aliados y permitiría que otros actores ligados al crimen organizado mantengan o amplíen su poder.

Para México, esta situación representa una alerta crítica. La corrupción vinculada con el narcotráfico ha permeado instituciones a diversos niveles, y la captura de un mandatario extranjero implica que Estados Unidos evalúa intervenir militarmente cuando se superan ciertos umbrales, entre ellos la escala del narcotráfico y la hostilidad directa. Aunque actualmente México mantiene cooperación con Washington, la fragilidad de esta alianza abre la posibilidad de presiones para permitir operaciones militares en su territorio o enfrentar consecuencias por posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Este escenario subraya la urgencia de fortalecer la independencia institucional y erradicar la corrupción para preservar la soberanía nacional y evitar convertirse en teatro de intervenciones externas.