La apertura del mercado de gasolinas y diésel en México durante la última década, impulsada con la expectativa de ofrecer mejores precios y mayor competencia, ha desembocado en un serio problema de corrupción y contrabando que ha generado pérdidas multimillonarias al Estado. Según estimaciones de la consultora PetroIntelligence, el contrabando de combustibles ilegales representa un costo anual para el país cercano a los 9,800 millones de dólares, equivalente a 30% del consumo total del sector.
El nuevo mercado mexicano, inaugurado durante la gestión presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la administración de Enrique Peña Nieto, derribó el monopolio estatal de Pemex, permitiendo la entrada de proveedores privados e internacionales con la intención de mejorar infraestructura y reducción de costos logísticos. No obstante, la falta de controles efectivos permitió que organizaciones criminales y redes empresariales abusaran de vacíos en aduanas, fiscalización y trazabilidad para evadir impuestos mediante importaciones ilegales disfrazadas como otros productos.
El fenómeno evolucionó desde el tradicional robo físico de combustible en ductos hacia un esquema sofisticado de fraude fiscal, donde el combustible ilegal es introducido al mercado con documentos falsos y a precios hasta 30% menores que los formales. La insuficiente vigilancia y recursos del regulador, como el hecho de contar con solo siete inspectores para supervisar miles de permisos, agravó este escenario. En respuesta, en los últimos años las autoridades han implementado operativos y detenido a funcionarios públicos y empresarios implicados, además de fortalecer la colaboración con Estados Unidos, país desde donde procede el 90% de las importaciones ilegales.
A pesar de los esfuerzos por controlar el contrabando, persisten desafíos significativos para regular el mercado energético mexicano, asegurar la lealtad fiscal y combatir las redes de corrupción que deterioran la economía y a las empresas formales que compiten legítimamente. Las pérdidas fiscales y la competencia desleal evidencian las complejidades que enfrentó la reforma energética al abrir el sector sin afianzar simultáneamente mecanismos de supervisión y control efectivos.
