El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su lucha contra los cárteles del narcotráfico al designar oficialmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva. Esta medida eleva el nivel de la amenaza que representa esta droga sintética, causante de decenas de miles de muertes por sobredosis en territorio estadounidense, y permite endurecer las penas para quienes estén involucrados en su tráfico.
Aunque la cifra anual de fallecimientos relacionados con fentanilo ha disminuido recientemente, el gobierno estadounidense amplió su combate con estrategias que podrían justificar incluso una intervención en los países productores, principalmente México. Expertos en seguridad consideran que esta decisión responde más a una estrategia política y de seguridad que a una perspectiva sanitaria.
Según Víctor Manuel Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, aunque el fentanilo no cumple con las características tradicionales de un arma de destrucción masiva, la clasificación permite aumentar las penas contra los traficantes, llegando desde 30 años de prisión hasta cadena perpetua o incluso la pena capital. Este cambio legal posiciona al fentanilo al nivel de armas químicas, biológicas, nucleares o explosivas.
Por su parte, especialistas advierten que la crisis del fentanilo es un fenómeno transnacional con responsabilidad compartida. Mientras los cárteles mexicanos, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, están implicados en su producción y distribución, Estados Unidos también enfrenta el desafío interno del consumo y la operación de redes criminales en su territorio. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado cualquier tipo de intervención extranjera y ha enfatizado la necesidad de analizar cuidadosamente las implicaciones de esta designación en torno al uso legal e ilegal del fentanilo.
