En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido postergar la discusión de varios proyectos controversiales debido a manifestaciones y presiones sociales. Entre los temas que se han retirado del catálogo de análisis destacan asuntos relacionados con derechos laborales, desalojos, el aborto y aseguramiento de inmuebles. Hasta ahora, no se ha definido una fecha para retomar estas discusiones.
Un ejemplo reciente ocurrió el 29 de enero, cuando estaba prevista la discusión sobre una demanda de despido injustificado que podría afectar los derechos laborales. Tras la protesta del Frente Nacional por las 40 Horas en el recinto de la Corte, el proyecto a cargo del ministro Irving Espinosa Betanzo fue pospuesto indefinidamente. Este proyecto buscaba definir el inicio del plazo para que un trabajador pueda presentar una demanda después de ser despedido, estipulando que el periodo comienza al día siguiente de la separación laboral sin necesidad de notificación al trabajador.
Otra causa destacada es el proyecto relacionado con el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, referente a desalojos forzosos. La Comisión de Derechos Humanos argumentó que esta norma supone una regresión en la protección de derechos humanos al permitir desalojos bajo condiciones que podrían implicar uso de fuerza incompatibles con tratados internacionales. Luego de protestas convocadas por colectivos contra la gentrificación, el proyecto también fue retirado.
Asimismo, quedó pendiente la votación sobre la constitucionalidad de una reforma en Aguascalientes que redujo de 12 a 6 semanas el plazo para interrumpir un embarazo. La Arquidiócesis local expresó su rechazo respecto a una posible despenalización del aborto total que planteaba el proyecto, mientras organizaciones defensoras de los derechos reproductivos manifestaron preocupación por la incertidumbre jurídica y el impacto en la salud de las mujeres.
Otros proyectos exhiben controversia en torno a la legalidad de aseguramientos de inmuebles realizados por la Fiscalía General de la República sin orden judicial, principalmente en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. El debate gira en torno a si estas acciones constituyen medidas legítimas preventivas o violaciones al debido proceso.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que esta dinámica refleja una Corte sensible ante la opinión pública y grupos sociales, pero alertan que podría también generar inseguridad jurídica y dar la impresión de que las decisiones se ajustan a agendas políticas o de parcialidad hacia ciertos sectores.
El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes afirmó: “Me parece importante que la Corte dialogue con la sociedad, no a las presiones sino a los buenos argumentos que se pueden utilizar”. Por su parte, Sergio Salgado Román, también jurista, manifestó que estas modificaciones en la agenda judicial pueden interpretarse como un intento de los ministros por alinearse a la aceptación social y de grupos afines a partidos políticos.
Desde 2024, con la reforma al Poder Judicial que cambió la designación de ministros a elección por voto directo, los integrantes actuales de la SCJN son considerados cercanos al partido Morena, lo que genera debates sobre la independencia y dirección política del órgano judicial más alto del país.
