En México, vuelve a discutirse la figura de los “jueces sin rostro”, cuya identidad se mantiene reservada en procesos judiciales principalmente por cuestiones de seguridad. Esta medida busca proteger a los juzgadores involucrados en casos relacionados con crimen organizado, terrorismo o violencia estructural, evitando que sus nombres sean públicos o que sean reconocidos por las partes.
El fenómeno no es exclusivo de México; otros países han aplicado mecanismos similares en contextos de alta violencia. Italia, durante su lucha contra la mafia, y Perú, en su etapa más crítica de terrorismo, implementaron sistemas que protegían la identidad de jueces para garantizar su seguridad, aunque sin sacrificar la visibilidad institucional del proceso judicial. En Colombia, casos vinculados a grupos armados y narcotráfico también han motivado el uso de estrategias extraordinarias para resguardar a los operadores judiciales.
El principal desafío de esta práctica radica en mantener el equilibrio entre la protección de los jueces y la transparencia que demanda un estado constitucional. La justicia no solo debe ser imparcial sino también visible para garantizar la confianza pública, la rendición de cuentas y el respeto al derecho de defensa. La opacidad que genera el anonimato puede socavar estos principios, afectando la legitimidad del sistema judicial.
Actualmente, México atraviesa una reforma profunda en su sistema de justicia, pero la persistencia de riesgos derivados del crimen organizado reabre la posibilidad de implementar medidas de anonimato como una solución pragmática. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia podría interpretarse como un síntoma de la incapacidad del Estado para garantizar protección mediante mecanismos efectivos de seguridad e inteligencia, en lugar de fortalecer la institución judicial vía transparencia y visibilidad.
La experiencia internacional sugiere que el uso regular de jueces sin rostro puede erosionar la legitimidad del sistema judicial y la confianza ciudadana. Por ello, la protección a quienes imparten justicia debería construirse sobre bases sólidas que promuevan independencia, seguridad institucional, y procesos abiertos, sin sacrificar las garantías constitucionales esenciales para un juicio justo.
