La reforma electoral propuesta en México se encuentra estancada debido a la oposición de algunos partidos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum, poniendo en riesgo la aprobación de las modificaciones constitucionales necesarias para su implementación. Sheinbaum y Morena, partido en el poder, requieren las supermayorías de dos tercios en el Congreso, lo que implica contar con el respaldo del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo. Sin embargo, estos partidos muestran reticencias ante las propuestas, principalmente porque contemplan recortes significativos en los recursos públicos destinados a partidos políticos y podrían implicar una reducción en el número de escaños legislativos.
El equipo de Morena aún no ha presentado un borrador definitivo de la reforma, mientras persisten las diferencias sobre la reducción del financiamiento y cambios en la representación proporcional legislativa, tema que genera inquietud incluso entre algunos aliados que perciben la iniciativa como un intento para aumentar el dominio político de Morena. Esta situación genera tensiones internas en la coalición gobernante y ralentiza los esfuerzos para aplicar reformas en órganos clave como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial.
Históricamente, estas reformas han sido impulsadas para limitar los gastos excesivos en campañas electorales y fortalecer el sistema democrático mexicano; sin embargo, críticos y opositores advierten que los recortes al INE podrían abrir camino a prácticas indebidas de financiamiento ajenas al control oficial, como la infiltración de recursos ilícitos. Por esto, legisladores de oposición instan a Morena a negociar abiertamente y garantizar que las reformas fortalezcan la independencia y legitimidad de las autoridades electorales, en lugar de favorecer a un solo partido.
En este contexto, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, ha mostrado apertura para ajustar la redacción de ciertos artículos y buscar un consenso con sus aliados y la oposición, reconociendo que sin un acuerdo amplio la reforma no podrá avanzar. Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum mantiene que la iniciativa es necesaria para hacer más eficiente y transparente el sistema electoral mexicano y asegura que la reforma “fortalece nuestro sistema electoral y garantiza la democracia”, calificando al modelo actual como uno de los más costosos en el mundo.
