En México, la mitad de las mujeres y adolescentes han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida, un problema que es tan persistente que afecta a todos los sectores sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum, víctima también de acoso en noviembre pasado, impulsó un Plan Integral contra el Abuso Sexual con la intención de reforzar la respuesta institucional ante esta violencia de género.

Este plan se enfoca principalmente en la tipificación del abuso sexual como delito grave y en facilitar la denuncia para mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, organizaciones feministas han señalado que esta estrategia carga la responsabilidad principalmente sobre las mujeres víctimas y no aborda adecuadamente la prevención de la violencia.

Actualmente, nueve de cada diez mujeres que sufren violencia optan por no denunciar debido al miedo a la revictimización y a la falta de sensibilidad en las instituciones. Por ello, exigir denuncias refuerza la percepción de que la protección depende de que la víctima tome esta acción, cuando la ley indica que las autoridades deben actuar y ofrecer atención sin necesidad de que exista una denuncia formal. Se reconoce también que muchas mujeres requieren otras formas de justicia, como apoyo psicológico y médico, más allá del sistema penal.

El Senado aprobó recientemente que el abuso sexual sea considerado un delito grave, con penas de hasta nueve años en caso de agravantes, pero esta medida sigue centrándose en la penalización y deja de lado acciones preventivas como la educación desde edades tempranas o la mejora de órdenes de protección, herramientas que podrían salvar vidas. Además, se propone capacitar a ministerios públicos y autoridades judiciales para hacer frente al problema, aunque los expertos señalan que las capacitaciones anteriores no han eliminado los estereotipos sexistas en las sentencias.

Finalmente, el plan contempla campañas de concientización dirigidas a hombres y sociedad en general para promover un cambio cultural, un aspecto fundamental para reducir la violencia, pero que requiere una implementación cuidadosa para no reforzar mensajes que responsabilicen a las víctimas.

Este enfoque plantea un debate importante sobre la necesidad de equilibrar la justicia penal con sistemas de apoyo a las víctimas y estrategias efectivas de prevención y cambio cultural.