La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, establecida desde la Iniciativa Mérida en 2007, mantiene una dinámica desigual que prioriza las preocupaciones estadounidenses por encima de las necesidades mexicanas. Recientemente, la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad, celebrada en Washington, abordó temas como drones y cooperación judicial sin establecer metas concretas ni indicadores claros para mejorar la seguridad en las calles mexicanas.

Mientras el gobierno federal informa de una reducción en homicidios dolosos, las cifras oficiales muestran más de 14,000 personas desaparecidas durante los primeros doce meses de la actual administración. Esto revela que la violencia en México ha cambiado de forma, pero no ha disminuido, y que la colaboración bilateral no se traduce en mejores condiciones para la población.

El principal problema radica en la posición de México dentro de esta alianza, catalogado en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos como un territorio problemático que debe ser estabilizado. México actúa desde una debilidad institucional, mientras que Estados Unidos define la agenda y recibe inteligencia operativa y decomisos, sin un equilibrio real en la cooperación.

Para que la cooperación bilateral sea efectiva, se plantea que México exija una evaluación pública anual con indicadores verificables, un sistema de reciprocidad operativa que equilibre esfuerzos en decomisos y combate al lavado de dinero, y la creación de un Observatorio Ciudadano Binacional que supervise los resultados. Además, se recomienda que se concentren recursos en delitos que afectan directamente a la población mexicana, como la extorsión, el secuestro y las desapariciones, por medio de un programa territorial de prevención del delito y un fondo bilateral para víctimas.

Finalmente, México debe exigir el control real del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, la desarticulación de redes financieras criminales en territorio estadounidense y la inversión en reducción del consumo de drogas en ese país. Se requiere también fortalecer las capacidades autónomas nacionales en inteligencia y sistemas coordinados entre policías y fiscalías para enfrentar la violencia de manera integral. Sin estos cambios profundos, la cooperación continuará siendo inequitativa y poco efectiva para enfrentar la crisis de inseguridad que vive México.