Activistas y personas afectadas por desalojos se congregaron esta mañana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para protestar contra la votación referente al Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Este artículo protegía derechos fundamentales de quienes han sido desalojados en la capital, estableciendo que el desalojo con uso de la fuerza debería ser únicamente un recurso de último momento. Además, señalaba que el gobierno de la ciudad debía reubicar a las personas en situación vulnerable a menos de 15 kilómetros de su lugar original.
El Artículo 60 estuvo vigente apenas cuatro meses en 2019, pues fue modificado por el mismo Congreso local que lo aprobó inicialmente. Eduardo Alanís, integrante del Frente Anti-Gentrificación, explicó que “los mismos legisladores que lo aprobaron, bajo presión de las inmobiliarias, lo recortaron y dejaron ambiguo para que estas pudieran actuar sin restricciones, eliminando el derecho al arraigo”.
Durante la protesta, varias personas desalojadas de inmuebles ubicados en República de Cuba 11, Mar Blanco 102 y Antonio Caso 63 denunciaron que fueron expulsadas mediante procesos judiciales irregulares, sin recibir notificaciones previas. Alanís denunció que “hay juicios simulados que son fraudes procesales y contratos de compraventa efectuados a personas fallecidas”.
El pleno de la SCJN tenía programada la votación para determinar la constitucionalidad del proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, que proponía avalar la eliminación del mencionado artículo, lo que ha generado gran rechazo en diversos sectores ciudadanos que buscan proteger el derecho a la vivienda en la Ciudad de México.
