El líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, ha presentado un cronograma tentativo para la aprobación y puesta en marcha de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La intención es que este proceso se concluya durante el primer semestre de 2026, iniciando en marzo con miras a las elecciones intermedias y judiciales previstas para 2027.
De acuerdo con Monreal, la iniciativa recibida en enero será trabajada técnicamente, comenzándose la discusión formal en febrero sin necesidad de convocar a un periodo extraordinario. Este proyecto conforma una reforma constitucional que debe ser ratificada por al menos la mitad más uno de los congresos locales para proceder con la ley secundaria electoral.
El calendario propuesto contempla que en marzo se apruebe esta reforma tanto en el ámbito federal como estatal; entre marzo y abril se espera que se concluyan las reformas secundarias. Adicionalmente, para principios de abril se prevé el nombramiento de tres consejeros electorales, cuyo periodo culmina en 2026. La implementación operativa y normativa se proyecta para junio y julio, respectivamente, con la aprobación presupuestaria ajustada para septiembre.
Este ajuste presupuestal es fundamental, dado que la reforma incluye modificaciones constitucionales y establecidas en artículos transitorios que requieren adecuación financiera para 2026. El nombramiento de los nuevos consejeros del INE y el proceso para elegirlos podrían modificarse según lo que decida el Congreso durante la discusión de la iniciativa.
Expertos como Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, alertan que la reforma podría centralizar el control de los procesos electorales en el gobierno federal y en el INE, eliminando los Organismos Públicos Locales Electorales y reduciendo la representación proporcional plurinominal. Este modelo, generado desde el federalismo electoral con organismos locales independientes, correría el riesgo de desaparecer, concentrando el sistema electoral.
Estas propuestas han generado preocupación, pues se percibe una intención de mayor control por parte del oficialismo sobre el sistema electoral vigente, en paralelo a reformas judiciales que también buscan influir en el equilibrio de poderes electorales.
La discusión y aprobación de esta reforma tendrá un impacto significativo en la estructura electoral y política de México, marcando un proceso crucial para los comicios de 2027 y el funcionamiento de las instituciones electorales.
