La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente no tiene la autoridad para imponer aranceles comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés). Esta resolución anuló las tarifas vinculadas originalmente a la lucha contra el fentanilo así como las aplicadas en un esquema de aranceles recíprocos para reducir déficits comerciales.
Esta polémica forma de imponer impuestos a la importación fue implementada a partir de febrero de 2025, cuando el gobierno alegó que el tráfico de opioides sintéticos representaba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional. Tras ello, la Casa Blanca impuso aranceles a productos provenientes de China, México y Canadá, extendiendo posteriormente estos gravámenes a decenas de países y sectores económicos.
El uso de la IEEPA para aplicar tarifas arancelarias despertó críticas legales al no contar con una delegación expresa del Congreso para ejercer esta facultad, la cual está reservada a este poder según la Constitución. El conflicto llegó al máximo tribunal tras demandas de pequeñas y medianas empresas estadounidenses que denunciaron impactos negativos en sus operaciones, contratos e incremento en costos.
Como respuesta inmediata al fallo, la administración estadounidense anunció el fin del uso de la IEEPA para aranceles y sustituyó esta estrategia por la activación de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer recargos temporales, así como el incremento en el uso de las Secciones 301 y 232, instrumentos con mayor respaldo legal para enfrentar prácticas comerciales desleales o advertir riesgos a la seguridad nacional. De esta forma, los aranceles continúan siendo una herramienta clave en la política comercial estadounidense pero con una fundamentación jurídica distinta.
