El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará a partir del 1 de enero de 2026 una serie de facultades adicionales con el objetivo de fortalecer la fiscalización y combatir la evasión fiscal. Estos cambios se derivan de la Ley Federal de Ingresos de la Federación aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025, encaminada a optimizar la recaudación tributaria y restringir operaciones indebidas.
Entre las herramientas más relevantes que tendrá a su disposición la autoridad, destacan cuatro principales. Primero, el SAT podrá solicitar prisión preventiva oficiosa para personas físicas o morales relacionadas con empresas señaladas por emitir facturas falsas, basándose en sus listas públicas. Los afectados deberán presentar declaraciones complementarias en un plazo de 30 días para revertir dicha condición.
En segundo lugar, la cancelación de sellos digitales y el congelamiento de cuentas bancarias de empresas y sus clientes que operen con facturaciones sospechosas. Esto impedirá la emisión de facturas y afectará la operatividad financiera de los involucrados hasta esclarecer la legalidad de sus operaciones.
Tercero, el depósito en efectivo en el Banco del Bienestar será la única modalidad aceptada para garantizar créditos fiscales en litigio, eliminando la posibilidad de usar bienes inmuebles o fianzas. Los contribuyentes sin liquidez deberán contar con cartas de crédito bancario o garantías mobiliarias para cubrir sus obligaciones.
Finalmente, el sistema judicial fiscal contará con jueces seleccionados bajo un nuevo esquema desde 2025, lo que podría impactar la independencia judicial en disputas relacionadas con el SAT, complicando la defensa de los contribuyentes.
Estas medidas buscan incrementar el cumplimiento fiscal y la recaudación, que entre enero y octubre de 2025 alcanzó 4.49 billones de pesos, aunque también levantan preocupaciones sobre un posible uso de estas herramientas como mecanismos de presión o control sobre ciertos contribuyentes.
