La deuda pública del sector público en México alcanzó un récord histórico al cerrar 2025 con un saldo equivalente al 53.1% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que representa 18.7 billones de pesos. Este porcentaje supera en casi 10 puntos porcentuales al registrado en 2019, cuando fue del 43.3% del PIB.
Esta escalada de la deuda responde a una disminución en los ingresos tributarios y petroleros, combinada con un aumento en el gasto público, factores que obligan al gobierno a recurrir al financiamiento externo e interno para cubrir sus necesidades. Desde 2009, el gasto supera sistemáticamente a los ingresos, un desbalance que se agrava con la reducción de recursos petroleros y mayores egresos en pensiones, transferencias a Pemex y costos derivados de la deuda.
El investigador Ricardo Cantú, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que la situación se complicará ante la transición demográfica, donde habrá menos trabajadores y más personas demandando servicios como pensiones y atención en salud, elevando aún más el gasto público y dificultando la recaudación tributaria. Según sus estimaciones, si la deuda se dividiera entre todos los mexicanos, cada uno tendría que asumir un pago de aproximadamente 151,000 pesos en 2026, cifra que podría crecer hasta 159,000 pesos en 2031.
Además, el costo por el servicio de intereses de esta deuda ascendió a un 3.7% del PIB en 2025, más del doble de lo registrado en 2008, y se mantiene por encima del gasto federal dedicado a la educación pública. Este monto también supera considerablemente la inversión pública en infraestructura, lo que indica una presión financiera importante para el erario. La Secretaría de Hacienda indica que el saldo histórico de la deuda equivale a más del doble de todo el gasto público anual y a 2.3 veces los ingresos del gobierno, un desafío clave para la sustentabilidad fiscal en los próximos años.
